La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, que pasaría a llamarse Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia. El proyecto elimina las penas de prisión de 10 a 20 años previstas en la ley de 2017 y las sustituye por multas y trabajo comunitario, según explicó el primer vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, al presentar el texto. La reforma, solicitada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez a finales de septiembre y validada a mediados de octubre por el Tribunal Supremo de Justicia, deberá pasar por consulta pública y una segunda discusión.

La respuesta de la sociedad civil fue inmediata: una coalición de 24 organizaciones exigió este miércoles la derogación plena de la ley, al considerar que la reforma mantiene severas restricciones a la expresión, la opinión y la información, con términos ambiguos y multas que, según Runrun.es, podrían superar los 10.000 dólares. La Plataforma Unitaria, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Human Rights Watch también piden derogarla, no reformarla, y la CIDH advirtió que una reforma parcial sería insuficiente.

Según el conteo citado en la cobertura del día, el Foro Penal registra al menos 927 acusados bajo esta ley desde 2017, sin que la reforma presente mecanismos de reparación para esas personas. Bancadas opositoras como el Grupo Parlamentario Libertad votaron en contra y denunciaron que su moción de derogación, presentada el 6 de octubre, no fue incorporada al proceso. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, defendió mantener un instrumento legal: «el odio no se puede derogar».

(Fuente: CNN en Español, Runrun.es y Tal Cual (3-4 nov 2026))